- En el país, 700 mil personas están subnutridas. La población rural invierte todo su ingreso solo para abastecerse de algunos de los 24 alimentos de la canasta básica.
- Los salvadoreños de la zona rural invierten todo su salario para abastecerse de algunos de los 24 alimentos que conforman la canasta básica.
- Entre el 2011 y 2017, el monto presupuestario asignado al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no superó los 100 millones de dólares, lo que impide la ejecución de acciones institucionales contra el hambre.
- El precio del tomate para cocina tiene una variación de precio en 2018. según el Observatorio de Precios de El Salvador, una libra cuesta entre $0.44 a $0.65, en el área Metropolitana de San Salvador; y en el interior, tiene un costo de $0.75. Foto tomada cortesía de FAO.
Por: Tatiana Alemán – Diana Orantes – Rosemary Zepeda – Kevin Salazar
El reloj marca las 5:00 de la mañana. El alboroto de las aves anuncia que la faena está por iniciar. Hace 82 años que Alfonso García madruga para labrar sus tres manzanas, de sol a sol, con sus hijos, todos mayores. Este labriego de tez morena, 135 libras de peso y con una estatura de 1.60 metros, reside en Tacuba, Ahuachapán, uno de los municipios clasificado con desnutrición muy alta por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que detectó, en 2011, que el 43.1 por ciento de los lugareños carecen de los alimentos pertinentes.
“Desde los doce años cultivo. Mis padres de eso nos criaron. En mi juventud empecé a cultivar con ellos. Un día, hombres estudiados llegaron a mi casa a preguntarnos qué necesitábamos. Pero les contesté que la riqueza estaba en la tierra, porque yo decido qué comer. Cuando yo me muera, mis hijos y nietos se van a quedar trabajando la tierra.”, comenta García.
Los campesinos de Tacuba se dedican a la producción agrícola; sin embargo, lo cosechado no es para venderlo, sino para consumo familiar. “Hago mis tres manzanas de maíz, maicillo, calabaza y frijol de chilipuca. No tengo huerto casero porque para eso se necesita suficiente agua. Yo siembro en la mera loma, y para eso ya no puedo acarrear, por mi edad. No tenemos acceso a agua de tubería. Solo cuando cae el inviernito de Dios se riegan nuestros cultivos”, señala Alfonso.
Según los datos del cuarto censo nacional de talla y primero de peso 2017, Tacuba tiene el 34.33 % de desnutrición en niños en el país. “Café y pan es el desayuno de muchos de los lugareños. Las familias con mayores posibilidades comen frijoles, queso y tortilla. Es raro el grupo familiar que consuma huevos. Además, el promedio de miembros de una familia es de siete u ocho, lo que genera hacinamiento. Mensualmente, los hogares con menos posibilidades gastan unos 50 dólares y quienes pueden adquirir más, unos $150”, asevera Delfina Cabrera, técnica en seguridad alimentaria de la alcaldía de Tacuba y del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (Presanca II).
“El Salvador, como muchos países en desarrollo, tiene una combinación de problemas por exceso y por defectos en la ingesta de nutrientes. El hierro, la vitamina A, zinc y yodo son los que más faltan en la alimentación; aunque hay otros nutrientes que son deficitarios, sin embargo, no hay estudios definidos que nos indiquen exactamente de cuánto es la prevalencia de la deficiencia de estos nutrientes en la población”, explica Gerardo Merino, coordinador del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap) en el país.
“Cuando no existe una ingesta adecuada en los primeros dos años de vida de un niño, se acumulan los problemas de salud para toda la vida y la situación que tenemos en el país es que la población menor de 5 años, que es la que se ha evaluado, presenta un retardo en talla, lo que se conoce como desnutrición crónica aproximadamente de un 14 %, es decir, 14 niños de cada 100 tienen desnutrición crónica. Esto no significa que el resto está bien”, agrega el experto.
De acuerdo con Merino, en la última década se han concretado acciones para disminuir la insuficiencia de Yodo, vitamina A y Zinc. A escala nacional se ha fortificado la sal con Yodo. Lo mismo sucede con el azúcar, gracias a la vitamina A. Hace 25 años, la deficiencia de esta vitamina en niños era del 36 %.
“La deficiencia de vitamina A produce ceguera; la de yodo, bocio, problemas del desarrollo del cerebro, enanismo e incluso aborto y la ceguera, cuando es extrema. La de zinc afecta el crecimiento de los niños y los vuelve más vulnerables a enfermedades diarreicas. La deficiencia de ácido fólico produce problemas degenerativos. Los niños nacen con defectos en el tubo neural. Si una madre no consume ácido fólico de forma adecuada hay posibilidades grandes que su hijo nazca con problemas muy serios”, concluye.
Mapa del hambre en El Salvador
- El costo del hambre en El Salvador: Mil 175 millones de dólares equivalentes al 7.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y al 137% del gasto social es lo que pierde el país a causa de un dato acumulado: la desnutrición infantil por quienes hoy forman parte de la población en edad para trabajar: 15 y 65 años, según el estudio “El costo del hambre en El Salvador”, presentado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
- Según el Mapa de Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2015, El Salvador tiene desde el 5 al 14.9 por ciento de prevalencia moderadamente baja de subalimentación en la población.
- La FAO determina que El Salvador no cumple con el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, meta 1.C: “reducir a la mitad, entre 1990-92 y 2015, la proporción de personas subalimentadas, o reducir esta proporción al 5 por ciento. El indicador mide la proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria (subalimentación). La evaluación no se realiza para las regiones desarrolladas”
El Salvador sin una legislación contra el hambre
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en 1948, el derecho a la alimentación fue reconocido formalmente como un derecho humano. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), este consiste en que “toda persona debe tener, de forma oportuna y permanente, acceso físico, económico y social a una alimentación adecuada, en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, así como a su adecuado consumo y aprovechamiento biológico que le garantice el disfrute de una vida saludable y productiva”.
Ante este contexto, representantes de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) expresaron, el 31 de enero de 2018, en una conferencia de prensa, la ausencia de propuestas legislativas en materia de soberanía alimentaria. Destacan que, al revisar las ofertas electorales de candidatos a alcaldes y diputados, no velan por la agricultura y la producción de alimentos. “Si consideramos otros indicadores que afectan la producción de alimentos como el hecho que ocurrió en 2012 y 2015, se contabilizaron cerca de ocho mil hectáreas de bosques afectados por incendios forestales o el fuerte proceso de desertificación en El Salvador, provocando la pérdida de 4 mil 500 hectáreas al año (…) sin duda esta realidad tiene graves impactos en la soberanía alimenticia, pues limita la capacidad del territorio de producir los alimentos que necesita la población”, señalan los representantes de la Mesa por la Soberanía Alimenticia en un comunicado de prensa.
Ante la posición de la Mesa por la Soberanía Alimenticia, Tu Espacio entrevistó a Sara Geraldine Huezo, experta en materia por parte del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Dr. José Matías Delgado, que destaca que El Salvador, como signatario de numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, debe ajustar su legislación en los rubros sociales y económicos.
“Ha existido un tránsito evidente desde ‘el derecho al alimento hacia el derecho a la alimentación’, ese último marcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las razones de dicho cambio son las siguientes: primero, El derecho a la alimentación es un derecho de naturaleza prestacional. Los gobiernos se encuentran en la obligación de adoptar políticas pertinentes para propiciar la producción o compra de alimentos suficientes, para lograr una alimentación adecuada, que es, en suma, el objeto del derecho; segundo, es un derecho de segunda generación, es decir, se encuentra dentro de una categoría de Derechos Humanos que no son de exigencia inmediata, sino “progresiva”. Su efectividad o cumplimiento, depende de una serie de supuestos, obligaciones y la sistematización de competencias estatales; y tercero, es un derecho, que al igual que otros derechos humanos, está vinculado, y es necesario, para el cumplimiento de otros derechos, como la salud, vida digna, consumidores, medio ambiente, entre otros”, sostiene Huezo.
Ante las exigencias de diversos sectores sobre la reforma del artículo 69, Huezo añade: “la reforma constitucional ya ha sido planteado en estudios anteriores y su justificación radica en que no podría hablarse de una política de seguridad alimentaria a nivel institucional si no hay una claridad en el supuesto del derecho a proteger ¿Es el alimento (acceso y producto final) o la alimentación (acceso, contenido nutricional, autonomía, suficiencia y aceptación cultural)? No hay seguridad y soberanía alimentaria sin el presupuesto del derecho a la alimentación Este último, supone más que inocuidad y acceso. Es garantía de sostenibilidad, progresividad y el establecimiento del interés público sobre el privado para asegurar los supuestos de igualdad y creación de oportunidades para el desarrollo económico, junto a la seguridad en la ingesta alimenticia y un sistema de responsabilidades en relación con el agro”.
De acuerdo con el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en Centroamérica (PESA), y la organización sin fines de lucro Proyecto Food Facility Honduras, la soberanía alimentaria: “es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad”. Esta posee tres componentes: disponibilidad, estabilidad y acceso y control”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su nota descriptiva Nº 394, publicada en septiembre de 2015, explica cómo debe ser una alimentación sana para que las personas se protejan de la malnutrición y de las enfermedades no transmisibles como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.
Un anteproyecto de ley que aún no se discute en plenaria legislativa
En julio de 2017, la Mesa de Soberanía Alimentaria expuso a los diputados de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional que recoge aportes de diversas organizaciones de la sociedad.
Según Audelia López, legisladora del período anterior por el partido Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN), hay puntos de la legislación que siguen pendientes por faltas de acuerdo con los involucrados. Tu Espacio consultó con Sara Geraldine Huezo, investigadora del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Dr. José Matías Delgado sobre el anteproyecto de ley.
Preguntas sobre el anteproyecto de ley a Sara Geraldine Huezo, especialista en el rubro
¿Esta propuesta de ley tiene fallas en sus forma dogmática y estructural para que la Asamblea no considere su discusión?
No podría afirmar que la ley adolece de fallos dogmáticos y estructurales. Lo más atinente es hacer algunos comentarios. No siempre, las razones del legislador obedecen a estos niveles, sino a la conveniencia o intereses en juego. Entiendo que la estructura normativa sienta su base en un nuevo marco institucional al efecto, y a numerosas resoluciones y modificaciones en los organismos internacionales como la FAO y algunas de sus directrices como el CODEX Alimentario.
El tema de la seguridad y soberanía alimentaria ha ido en consonancia con la inclusión de nuevos derechos como los de los pueblos, libre elección de los agricultores, salud y consumidores, etc. En un Estado como El Salvador, representa un gran paso en la legislación alimentaria, de derechos humanos, biotecnológica, agraria y medioambiental. Ejemplos como la inclusión del principio de precaución (ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia de riesgo) suponen un paso importante en el papel de garante para el Estado, y la asunción que el riesgo cero no existe, y que comer, siendo un derecho, también tiene sus riesgos como actividad nutritiva y presupuesto de una vida digna.
Algo, que la legislación norteamericana, a través de la FDA, se niega a reconocer por representar un obstáculo al avance científico y a la libre circulación de los alimentos. Es decir, la nueva legislación alimentaria se perfila como una normativa previsora, precautoria, reactiva y reparadora. Principios propiamente relativos a la inocuidad alimenticia, como el etiquetado y la trazabilidad, también podrían ser introducidos.
El sistema de infracciones podría ser discutido por aquellas organizaciones de productores o directamente vinculados con el agro. Esto sería, en caso de observar algún conflicto entre los derechos de propiedad intelectual y el tema de las semillas, recuérdese que tenemos una legislación relativa a este tema.
A mi juicio, el mayor problema sería la misma penalización, entiéndase a nivel de derecho administrativo sancionador al Estado por “omisión” dado que el directamente obligado a resguardar este derecho de manera progresiva y prestacional. Es el mismo Estado y si, este obstaculiza u otorga concesiones que vayan sobre el interés público que, representado en la ley, no habría más que un juez y parte dentro de la administración pública. Por ello, creo que los diferentes tribunales del país, atendiendo a la multidisciplinariedad del tema, podrían ejercer más eficientemente esta jurisdicción, o de manera subsidiaria. Lo anterior es una garantía para todos los involucrados en la producción, manipulación, manipulación, resguardo y consumo alimenticio. El sistema de responsabilidades directas y por actos de terceros podría estar más determinado.
Desde el punto de vista jurídico ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este borrador de legislación sobre la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional?
Más que hablar de ventajas, hablaría de beneficios, armonización y cumplimiento.
- La regulación y reconocimiento del derecho a la alimentación a través de la soberanía alimentaria genera un marco de seguridad jurídica para los ciudadanos salvadoreños. Es decir, la armonización y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, no sólo para el acceso a los alimentos, sino a la seguridad, sostenibilidad y aceptación cultural.
- Es un avance para el derecho salvadoreño el contar con una legislación de avanzada en cuanto a principios, nuevos derechos y supuestos normativos en el proceso productivo y de ingesta alimenticia, dando al Estado un rol protagónico, como garante del bien común. Este último reconocido como valor supremo en nuestra Constitución.
- Armonización constitucional, secundaria y de procedimientos administrativos en derecho alimentario teniendo como fundamento el derecho a la alimentación.
- La legislación deriva en una protección adicional a otros derechos directamente relacionados para su exigencia y cumplimiento. Tal es el caso del derecho a la salud, consumidores, agricultores, derechos de los pueblos, propiedad intelectual, entre otros.
- Hacer viable el compromiso en el cumplimiento de los derechos económicos y sociales. Es decir, bajo el parámetro de la “obligación de ejecución progresiva”, y no de un catálogo de meras “buenas intenciones”; de tal manera que, con la legislación secundaria, como esta ley, se asegura el cumplimiento del derecho constitucional y humano a la alimentación. El Salvador, además es signatario de instrumentos internacionales al efecto.
Canasta básica: ¡Todo está caro!
En los últimos siete años (desde el 2011), la disponibilidad de alimentos ha variado, lo que genera un grave problema en la nutrición balanceada y completa a la que todas las personas tienen derecho. La alteración en el cambio climático, desastres naturales, falta de apoyo e incentivos a la producción agrícola, entre otros factores, son algunas de las causas de las variaciones en los precios de la canasta básica.
En el 2017, la mayoría de los consumidores vivió con ajustes de cinturones. Según los hallazgos del estudio “Consumer watch”, elaborado por la agencia de investigación de mercados Kantar Worldplaner, estima que un hogar centroamericano tiene un desembolso promedio de mil 452 dólares al año, gastando en cada visita a un punto de adquisición de productos un promedio de $6.2, en una frecuencia de visita de dos veces por semana.
En Centroamérica, Costa Rica tiene la canasta básica más completa de la región. Está compuesta por 53 alimentos y es la segunda más barata de la región. Luego, prosigue la de El Salvador, pero tiene menos alimentos: 24 productos en total.
Las personas de la zona rural invierten casi todo el salario para abastecerse de los 24 alimentos que conforman la canasta básica. Pero hay otras que mejor se alimentan de lo poco que cultivan; aunque eso signifique solo comer frijoles, arroz y tortillas, porque el salario no supera el costo de la CBA, como en el caso de Costa Rica, en donde los trabajadores del campo tienen más posibilidades de desarrollar un mejor estilo de vida.
La situación de la zona urbana difiere, de gran manera, a la que se vive en la campiña salvadoreña. En la ciudad, el poder adquisitivo y la disponibilidad de alimentos permiten que los pobladores de clase media consuman todos los alimentos que incluye la canasta básica alimenticia.
Según la Dirección Nacional de Estadística y Censos de El Salvador (Digestyc), el costo de la CBA urbana se ha mantenido, pero hubo un alza hace tres años, cuando la cifra superó: $182.72, alcanzando un total de $200.86 dólares.
Castro Magaña es el único que trabaja en su familia, compuesta por cinco miembros. Su esposa se dedica a cuidar a los niños mientras él se asolea todos los días para que los frijoles y el maíz nunca falten en su mesa.
“Uno trata de trabajar en otra área para conseguir comida. Hoy no hay empleo, por eso no hay otra entrada de dinero. No tengo salario fijo. Yo no hago préstamos para mis cultivos. Mis únicas herramientas son chuzos. No tengo agua potable, la unidad de salud limpia el agua. El Gobierno me da la semilla y yo pongo las herramientas”, comenta Castro Magaña.
En su casa, a diferencia de un hogar en la zona urbana, no suelen preparar grandes banquetes en las festividades como Navidad y Año Nuevo. Para ese día, los tamales de gallina y pavo son los platos fuertes. El maíz siempre está presente en su dieta.
Y agrega: “A veces como carne. Cada ocho días, sí se puede. Soy sincero al decirle que sufro de problemas urinarios. Por falta de recursos no he podido ir a donde un buen médico. Solo han me han dado unas pastillas en la unidad de salud. Como yo no puedo leer solo me las tomé y no me cayeron bien. Así ando, con este malestar”.
También Alfonso García tiene claro que si no administra correctamente su dinero, no le va a alcanzar para sus gastos personales, lo que genera para mantener cultivadas sus tres manzanas de tierra. Sus hijos, tres nietos y sus nueras viven con él, y todos aportan para la comida. Pero ninguno tiene una fuente de ingresos estable. Dos de sus cinco hijos trabajan como jornaleros y al día logran hacer $4. El resto le ayuda a Alfonso. “La comida normal que nunca debe faltar son los frijoles y el arroz. Dos veces a la semana comemos fruta, a veces. Ahora todo está caro. A la semana se van más de $30 dólares”, asegura.
“Cuando uno tiene su cosecha tiene que ver cómo ahorra porque todo está caro. Hay unos que trabajan y trabajan y nunca les queda ganancia porque tienen créditos que pagar. ¡Cómo vamos a pagar de 500 a mil dólares! Y peor cuando la cosecha se arruina. Muchos están endeudados porque no ‘tanteyan‘ cómo gastar lo suficiente. En estos tiempos, el Gobierno está ayudando con la semilla, pero no alcanza para cultivar. Las herramientas significan un gasto. Pago 35 dólares para comprar el líquido para quemar la grava. También compro el abono, que vale hasta 60 dólares”, cuenta Alfonso.
MAG: la Odisea contra el hambre
Aunque la nutrición de los salvadoreños es prioridad, eso no se refleja en la aprobación del Presupuesto General de la Nación por parte de la Asamblea Legislativa al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Entre 2011 y 2017, el monto asignado a la cartera de Estado no superó los 100 millones de dólares, es decir, las cantidades rondaron entre los $50 millones y los $66 millones, presupuestos bajos para sostener proyectos de desarrollo, reconstrucción de infraestructura y modernización rural en el país.
En 2014, el MAG lanzó el proyecto “Plan de Agricultura Familiar”, el primero que se enfoca en uno de los varios objetivos que aparecen en el documento: “Guía del presupuesto General del Estado para el ciudadano”. Este programa fue iniciativa del FMLN, durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, cuyo promotor en sus propias palabras lo describió como: “una apuesta del gobierno a la modernización definitiva del campo y a la lucha contra la pobreza y el atraso en las zonas rurales”, según una nota de El Diario de Hoy de 2015.
En 2016, el MAG incorporó otro programa llamado: “Fomento al Desarrollo de la Acuicultura Familiar en municipios de Pobreza en El Salvador”. El ministro Orestes Ortez reveló que la cantidad de dinero que solicitaba su Cartera de Estado dentro del Presupuesto General de la Nación era muy importante, porque permitiría seguir los esfuerzos que se han llevado a cabo a través del Plan Estratégico Institucional 2014-2019, llamado: “Agricultura para el buen vivir”, que pertenece al Plan Quinquenal de Desarrollo del presidente Salvador Sánchez Cerén.
Las prioridades de dicho programa son: garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria, y fortalecer la agricultura familiar. Sin embargo, en el 2016, el presupuesto general para el MAG disminuyó alrededor de $2.2 millones, por lo que en el apartado “Presupuesto para agricultura”, del Fondo General de la Nación al Plan de Agricultura Familiar, no se le destinará ni un centavo de dicho presupuesto. Sobrevivirá con $5.5 millones provenientes de préstamos externos.
En la asignación presupuestaria de 2016 hay desigualdad entre las diferentes carteras de Estado. El Ministerio de Educación (Mined) tuvo la cuota más alta con $942.2 y el Ministerio de Trabajo la más baja con solo 413.7 millones. El Ministerio de Agricultura también obtuvo una cantidad paupérrima. Al Plan de Agricultura Familiar, Amanecer Rural y Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural se sumó el Fomento al Desarrollo de la Acuicultura Familiar en Municipios de Pobreza en El Salvador, para todos se invirtió un total de $19.3 millones.
La Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) no cuenta con un presupuesto específico asignado a cada país. Uno de sus proyectos más notorios en El Salvador es el Programa de Alimentación y Salud Escolar, impulsado por el Mined, que contó, en el 2016, con un fondo de $100,000 otorgados por el Gobierno de Brasil, por medio de la FAO, la otra parte la proporcionó el Gobierno de El Salvador, $145,000.
Y en el caso específico de Tacuba, Ahuachapán, el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (Presanca II) invierte en capacitar a las familias del municipio para que cultiven huertos caseros.“Se les enseñó a los agricultores que tenían que sembrar hortalizas de todo tipo. También hojas verdes, yuca, guineo, etc. Se hicieron granjas de conejos y gallinas en 2008. De ellas solo quedaron como tres familias con las granjas. Algunas personas retomaron las granjas otra vez. Se enviaron personas de la alcaldía para verificar que la gente las esté trabajando”, explica Delfina Cabrera, técnico en seguridad alimentaria de Presanca.
El ente rector de la Agricultura implementa el Programa de Agricultura Familiar para mermar la situación. Su proyecto más fuerte es la entrega anual de un paquete de semilla mejorada, que contiene semillas de frijol, maíz y abono, con el objetivo de reactivar el agro.
Rosario de Mora, municipio con un 70 % de agricultores, es beneficiado con este apoyo en los últimos años. Paradójicamente, en 2011, año en el que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) presentó su respectivo mapa de hambre, el lugar fue catalogado como el número uno en la ranking de desnutrición del mapa del hambre en El Salvador (48.6 % de desnutrición)
“El año pasado, la mayoría de personas del cantón Plan del Mango perdieron sus cultivos. De parte del Gobierno vinieron y les entregaron arroz. También les dieron maíz. El Gobierno es el que ayuda acá. Uno se inscribe, un año sale beneficiado y al otro no. Depende de la suerte que tenga”, señala María Erlinda Melara, promotora de la alcaldía de Rosario de Mora.
Por otro lado, similar es la situación de los habitantes del cantón El Jutillo: “En el cantón hay una cooperativa. Ahí se organiza un grupo de veteranos de guerra. Ellos reciben mucha ayuda del Gobierno en las zonas más alejadas del casco urbano. Les llega un poco más de ayuda que al resto de las zonas. Por ejemplo, se les ha dado manzanas de terreno, pero la gente debe estar organizada. En el caso de veteranos ellos viven de sembrar. Alba (Alimentos) ayudó un poco, pero ya no funcionó porque se retiró. En la última época de sequía, la milpa se perdió en la zona más caliente. El Gobierno vino a verificar y ayudó, pero solo un poco”, afirma Rosa Elena Escobar, líder y promotora en el cantón El Jutillo.
Críticas a las acciones institucionales contra el hambre
Aunque la apuesta del Gobierno central está incentivando la agricultura familiar, para los expertos, esto no incide en el crecimiento de la economía del país, pues no se les están dando las herramientas tecnológicas ni financieras para que produzcan a gran escala.
Gustavo Moreno, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (Camagro), señala en una entrevista a El Diario de Hoy, de 2016, que las acciones institucionales no son suficientes para que el sector agrícola se recupere de su actual crisis. “El principal reto que tiene la agricultura en El Salvador es aumentar la producción, mejorando su eficiencia, buscando la sostenibilidad. Pero hemos escuchado en las últimas décadas que se habla de la reactivación del agro y todos los planes de Gobierno hablan de reactivar el agro, de generar políticas públicas que reactiven el sector, pero en realidad cuando vemos los números, el balance final, año con año nos estamos dando cuenta que no se ha reactivado”, puntualiza Moreno.
“El problema es que si el enfoque se está desarrollando en la agricultura familiar únicamente, nosotros tenemos que entender que esto no genera mayores fuentes de empleo, solamente el 12 % de esta agricultura emplea a una persona más. Estamos hablando de una producción pequeña, porque su principal enfoque es producir para el consumo de ellos como familia, estamos hablando de una agricultura que no va a incentivar, ni a dar un enfoque positivo inmediato en la economía del país”, agrega Moreno.
Básicamente, un gran porcentaje de los campesinos del país producen para su consumo y no para ser proveedores de los mercados locales. Ya sea por falta de tierra, recursos financieros y tecnológicos, los agricultores solo se limitan a sembrar granos básicos como arroz y frijoles, principales componentes de su dieta alimenticia.
La Mesa de Soberanía Alimentaria considera, en ámbito legislativo, que hace 10 años la Asamblea Legislativa recibió propuestas para solventar el problema contra el hambre. Señalan que durante la coyuntura electoral 2018, los partidos políticos tienen en ausencia de su oferta electoral el derecho a la alimentación. Además, señalan que falta la aprobación de la Política para el Fomento de la Agroecología en El Salvador y que se le dé una asignación presupuestaria. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) cuenta con 66 millones de dólares, el uno por ciento del presupuesto nacional 2017, según destacan en un comunicado de prensa.
Dicha organización también resalta que el sector agropecuario aporta un 14% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La Mesa de la Soberanía Alimentaria asegura que para el 2018, el presupuesto del MAG será desequilibrado. “Dicho problema de desequilibrio puede resolverse fácilmente resolviendo los problemas de evasión y elusión fiscal, que en conjunto representan para el país unos $2 mil 400 millones entre IVA, Renta y otros mecanismos; por otra parte, la Fiscalía General de la República (FGR) no cobra $210 millones a empresas deudoras del fisco que han sido vencidas en juicios”, reza el comunicado de prensa publicado el 18 de diciembre de 2017 en la red social Facebook.
Según la FAO, la agricultura familiar es un pilar fundamental para la soberanía alimentaria, pues con esos insumos, las personas sí pueden decidir qué comer y cómo lo van a producir.
Así, su alimentación no dependerá solo de granos como maíz y frijol.“ En el cantón Palo Grande, el Centa incentiva el cultivo de la tilapia y el de las hortalizas. En la casa de la concejala y su esposo cultivan repollo, pipián y pepino, ellos lo siembran para consumo y la otra parte para vender, ellos dicen que es más natural cultivarlo así que comprarlo”, explica Tatiana Rodríguez, promotora de la alcaldía de Rosario de Mora.
El encargado de Promoción social de la alcaldía de Rosario de Mora, Juan Carlos Rosales, asegura que capacitan a los campesinos para que hagan sus huertos caseros, pues los pueden regar con la misma agua que utilizan para su consumo. El objetivo es diversificar su alimentación y que tengan otras fuentes de ingreso con la venta de hortalizas. Al mismo tiempo, se quiere crear un mercadito local, para que las personas del casco urbano compren lo que producen los campesinos del lugar.
Los huertos caseros son alternativas viables para tener disponibilidad, estabilidad y acceso a los alimentos. Eso garantiza una alimentación variada que ayuda al crecimiento y desarrollo de las personas.
