El Salvador festejó sus 200 años de independencia. Aunque la joven República cuenta solo con 81 años de conformar una educación formal y estructurada, es necesario tener en cuenta cuál debe ser la nueva hoja de ruta formativa para asumir los cambios de la revolución industrial 4.0
Por Kevin Salazar Recinos
Quiero arrancar mi reflexión con esta frase: “Toda educación es una introducción al futuro, es una lucha para establecer qué tipo de futuro queremos para nuestros jóvenes”, Henry Giroux, quien es precursor de la pedagogía crítica. Y es que la educación permite a todo ser humano pensar en un mundo de posibilidades. Eso quedó claro para quienes se dedican al sector educativo, pues el 2020 fue un año en que se gestaron los cambios sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en el sistema tradicional. La crisis del coronavirus abre las puertas al paradigma del pensamiento complejo, entonces es válido cuestionarse, ¿Cuál debe ser el futuro de la educación para los siguientes cien años de la República de El Salvador?
A pesar que los salvadoreños celebraron el bicentenario de la independencia, lo cierto es que la educación nacional tiene apenas 81 años, debido a que su primera concepción fue planteada en el Decreto No 17, publicado en el Diario Oficial No 267, del 8 de diciembre de 1939, promovida por la administración del general Maximiliano Hernández Martínez, pero es hasta su vigencia del 1 de junio de 1940 que nació el Ministerio de Educación, a su vez este tipo de iniciativa configuró los fines y objetivos educacionales nacionales, así como cimentó el esquema del nivel primario, que se conservó hasta la década de los sesenta (Ticas, 2009).
Esta reforma educativa le quitó las competencias de formación al Ministerio de Relaciones Exteriores, Justicia e Institución Pública, sin olvidar que hay otros antecedentes sobre los responsables que lideraron la educación en los primeros años de la República. En la respiración profunda de este texto, se busca dar respuesta a tres interrogantes específicas: ¿La educación salvadoreña actual está lista para asumir los retos de la revolución industrial 4.0?, ¿Acaso ha cesado el modelo conductista-bancario para efectuar procesos de evaluación?, y ¿Qué cambios normativos educativos hay que hacer para adaptar un modelo pedagógico que forje al ciudadano que construya una sociedad democrática, justa y próspera en escenarios de incertidumbres?
Punto de partida: las raíces coloniales y liberales del sistema educativo
Es necesario recrear una genealogía de la educación antes de propiciar las ideas del futuro educativo nacional y del tipo de ciudadano que hay que forjar para que este responda a la nueva realidad cargada de incertidumbre. No cabe duda que hablar de educación es también hablar de la historia propia. El punto de partida para arrancar sobre la historia educativa salvadoreña tiene un contexto situacional que parte desde la independencia de la Corona Española, condición de territorio que se obtuvo el 15 de septiembre de 1821, hasta la actual crisis de la covid-19.
En la joven Federación Centroamericana nacieron las primeras escuelas, estas estuvieron a cargo de las municipalidades (Aguilar, 1995, p.12). En el archivo de actas de 1876 a 1908 de Chalatenango, que cita De Burgos (2001, p.151-159), se evidencia que la iglesia traspasó el poder de la educación a los gobiernos locales de la época posindependencia. Con este acontecimiento, se estableció el primer modelo educativo en Centro América, el cual buscó “armonizar y modernizar las bases de la sociedad americana, por medio de la diversidad educativa selectiva y literaria de las clases dirigentes” (Escamilla, 1981, p.19).
Para lograr este fin, las escuelas de la región emplearon el método lancasteriano, que fue introducido en El Salvador por Antonio José Coelho, en 1825, con la intención de “enriquecer a la sociedad con nuevos sectores educados, pero sin llegar a una plena democratización del sistema educativo” (Escamilla, 1981, p.18). Vale aclarar que el método lancasteriano fue utilizado como un dispositivo de poder por parte del gobierno republicano.
Según Echeverri Álvarez (2010), los aportes de la escuela Lancasteriana fueron la expresión de la libertad republicana (p.106). Por lo tanto, la independencia trae consigo un cambio de régimen político que dio acceso a los desfavorecidos del régimen colonial, pero las estructuras del sistema se mantuvieron intactas, tal como lo indica Escamilla (1990, p.57), debido a los choques constantes entre conservadores y liberales. Estas pugnas produjeron el quiebre de la Federación Centroamericana, unión que fue disuelta de facto en 1839, pero se reconoce dicha separación hasta el año de 1841.
Entonces, en 1839 surgió El Salvador como Estado-nación, pero es hasta el 2 de febrero de 1841, que la Asamblea Constituyente proclamó de forma legal la separación de la nación salvadoreña de la Federación. En ese mismo mes, 16 y 18 se aprobó el decreto legislativo que respalda la fundación de la Universidad de El Salvador que, según Escamilla (1981, p.41), fue la tercera Institución de Educación Superior (IES) en la región centroamericana.
En el país, los conflictos entre conservadores y liberales tuvieron sus implicaciones en el sistema educativo, en donde ni uno ni otros permitieron promover el auge de la educación en las ciudades y ni impulsar la educación en el campo. Esto también repercutió en la falta de consolidación de una identidad nacional, lo que provocó constantes crisis políticas y económicas en el período de 1841 hasta 1876. En abril de 1871, el mariscal Santiago González derrocó a Francisco Dueñas y, en su gobierno, proclamó la libertad de culto, se legalizó el matrimonio civil y promovió la educación laica. Esto último desplazó a la iglesia católica de la filosofía educativa, sin embargo, fue un opositor de las reformas educativas en el período presidencial de Zaldívar.
El 1 de julio de 1876, Zaldívar decretó abrir las escuelas oficiales de la República. Acción que le implicó establecer una política educativa que aún está vigente. El 2 de febrero de 1880, Salvador Gallegos, el primer ministro de Instrucción Pública y de Beneficencia, se dirigió a la Asamblea Constituyente, pidiendo el apoyo para unificar el método uniforme de enseñanza (González Torre, 2013), lo que le permitiría establecer dos líneas de trabajo: uno, establecer mecanismos de inspección por parte del Estado sobre las escuelas, debido a que era necesario evaluar el progreso educativo; y dos, controlar la contribución que las escuelas cobraban a los padres de familia. Este es un ejemplo de cómo la legislación se convierte en política educativa.
En el segundo mandato de Zaldívar, el ministro Domingo López se dirigió al Cuerpo Legislativo un 30 de enero de 1884, con el objetivo de garantizar que la educación sea obligatoria y gratuita en la instrucción pública primaria. La intención era incrementar la matrícula en las escuelas, pues consideraba que la mayoría de la población estaba siendo excluida, y que era herencia de la “mala educación colonial” (González Torres, 2013).
Consecuencias de estas decisiones, para el año 1887, en la administración de Francisco Menéndez Valdivieso, se introdujo al sistema educativo las ideas pedagógicas de Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), gracias a una misión colombiana de profesores en territorio salvadoreño. Las ideas del reformador suizo (1928) se centran en que la educación al servicio del pueblo es un mecanismo para la transformación social de las condiciones de vida de los desfavorecidos; por lo tanto, su propuesta basada se enfocó en aplicar el método científico en la educación infantil, en donde el niño aprende con la ayuda de lo externo, es decir, emplea sus sentidos y su intuición para ver el mundo.
También, afirmó que la madre es la responsable de la educación de los hijos por propiciar los lazos afectivos con los niños. Estas ideas educativas sustituyeron al método lancasteriano, pero la educación fue más excluyente: el acceso a este tipo de formación solo lo tuvieron los hijos de los terratenientes y oligarcas (Gómez. 2011). Sin embargo, el interés de reformar la educación no solo fue promovido por ministros. Tal es el caso de Rafael Reyes, quien fue profesor del Colegio Normal de Señoritas, como de la Escuela Normal de Varones, donde impartió asignaturas como: Gramática Castellana, Composición, Álgebra y Geometría. Reyes jugó un papel importante dentro de la política salvadoreña en la elección de la Asamblea Constituyente de 1885. Su interés por la instrucción primaria era alto, que en febrero de 1884 presentó una propuesta en dos aristas: un análisis crítico y otro con recomendaciones.
Reyes, como cita González Torres (2013, p.41) dictó 10 problemas de la enseñanza popular que impartía el Estado salvadoreño: uno, la falta de preparación del profesorado; dos, la ausencia de un método de enseñanza; tres, la falta de planes de estudios; cuatro, la mala remuneración al cuerpo docente; cinco, doble funciones públicas del maestro en instituciones municipales; seis, la irregularidad en la asistencia a clases; siete, la negligencia del Estado hacia la educación; ocho, la irresponsabilidad de los padres de familia; nueve, la imperfección de la evaluación cuantitativa; y diez, falta de competencias pedagógicas.
A pesar de que se introdujo el método Pestalozzi, los profesores aún ocupaban el método lancasteriano. Entonces, el político salvadoreño exigía llevarán un orden escalonado, es decir, la configuración de niveles o grados que adaptaran contenidos para generar aprendizajes en gramática, aritmética, historia, entre otras. En la propuesta de Reyes, que se aprobó en 1887 y perdió su vigencia en 1990, sobre la educación primaria se clasificó en primera, segunda y tercera clase.
Luego, en 1889, se discutió que a medida que el niño fuese avanzando deberá profundizar en el contenido de las asignaturas básicas; por lo tanto, se aprobó el Reglamento de Educación Primaria que sistematizó los grados, y cada uno tendría una duración de un año. Según cita García Torres (2013), el Art. 9 de dicha normativa divide a las escuelas primarias de la República en; elementales, que solo atendían de primero a segundo grado; las medias, de primer a cuarto grado; y las superiores, de primero hasta sexto grado.
Según Escamilla (1981), otro suceso histórico para la educación salvadoreña tuvo raíz el Primer Congreso Centroamericano en el ramo formativo, que ocurrió en 1893, que, de acurdo con el académico, este espacio permitió discutir los criterios para la configuración de los planes de estudio bajo el enfoque positivista. Antes de seguir con la narratología histórica, hay que hacer hincapié sobre el positivismo aplicado al campo de la educación. Émile Durkheim (1925), quien está interesado en los abordajes de los currículos (oficiales y ocultos) que se le imparten al individuo en el sistema educativo, considera que la sociedad es quien precede al individuo, dándole un rol a la escuela como agente de socialización.
En consecuencia, los currículos educativos ofrecen una idea del tipo de sujeto que se entrega a la sociedad para que este cumpla una función en específico. El Salvador ha sido un laboratorio experimental para decidir qué metodología es la adecuada para formar al pueblo salvadoreño. La primera evidencia de esta afirmación ocurre en 1936, que, de acuerdo con Gómez (2011), en las escuelas parvularias nacionales se implementó el método Fröebel y luego, en 1916, se empleó la metodología de Montessori.
También cita el educador, que el país puso en marcha las prácticas lógicas de la Escuela Activa, en la primera mitad del siglo XX. Escamilla catalogó que estos cambios curriculares en educación primaria fueron débiles por parte de los liberales, pues se consagraron recursos a educación media y superior, que, a la propia primaria, formando más a los nuevos miembros de la élite salvadoreña que gobernarían en los próximos años.
Los acontecimientos educativos decisivos del Siglo XX
Alberto Masferrer expresó en su libro: Leer y Escribir que: «la mitad de los salvadoreños no sabe leer ni escribir […] El pueblo, crédulo e irreflexivo, es presa fácil de los conductores egoístas e ineptos». Sus palabras aún resuenan en el Siglo XXI, pero comprendamos qué quiso establecer Masferrer para El Salvador. Él, un hombre de letras y de mundo, ha dejado claro su planteamiento educativo en dos obras significativas: Leer y Escribir, escrito en 1915; y el Minimun vital, en 1929. Ambas piezas literarias son el fundamento de la propuesta de gobierno de Arturo Araujo.
En el primer manuscrito, el maestro es de corte liberal y revolucionario europeo. Alude que en Europa los conocimientos no se estancan, sino que circulan sin cesar (1968, p.10), es decir, que todo era un conjunto de redes educativas sociales instituidas y de facto, lo que tenía como consecuencia a hombres y mujeres que sabían leer. Entonces, Masferrer quiso indicar que el camino para construir una nación era enseñándole a la otra mitad de sus compatriotas a tener las competencias correspondientes para unificar al país y manejar bien un mismo idioma. En palabras simples: enseñar a leer y escribir era hacer patria.
Pero la puesta en marcha de su ideario educativo fue dificultosa, pues se encontró con la corriente ideológica del egoísmo, cimentada en los espacios formativos, en el gobierno y en la clase dirigente económica. Entonces, ejecutar sus ideas requirió hablar del Minumun vital, que tenía como finalidad “el interés superior de la Nación entera” (1929, p.24), es decir, que la educación primaria y complementaria sea eficaz para formar hombres y mujeres cordiales, trabajadores expertos y jefes de familias conscientes (p.26).
Es una lástima que el interés de Masferrer fue solo la educación primaria, porque deja entrever que no se deposita la confianza suficiente en los otros niveles del proceso educativo, entonces se piensa en la futura generación sin atender a la que está viviendo los cambios acelerados de las distintas revoluciones industriales. Y tras el golpe de Estado que se le propició al expresidente Arturo Araujo, la entidad militar, representada por el general Maximiliano Hernández Martínez influye en la política educativa.
En 1939, el dictador salvadoreño hace cambios en la estructura del sistema educativo, aunque Escamilla (1981, p.39-43) indica que a esta etapa no hay que llamarle reforma, pues no existía una estructuración formal de la educación, por lo que se sugiere que se llame “modernización de la enseñanza primaria” (1974, p.15). Hernández Martínez calificó su política educativa como aquella que impuso los límites entre centros educativos públicos y privados.
“Como Presidente de la República estoy obligado a todo el país, pero como los ricos tienen ya sus colegios, nosotros conformaremos con nuestro Instituto Nacional y nuestras Normales, que son para los pobres. Mi primera responsabilidad es con los pobres. Por lo tanto, preocupémonos por la escuela primaria y nada más. Y los colegios privados tienen que hacer sus reformas porque nuestro Decreto habla de la educación nacional. Lo que ustedes han hecho y convertido en principios filosóficos tiene validez para los ricos también. Entonces que ellos hagan sus adecuaciones. Si tienen enseñanza primaria tienen que obedecer a este decreto” (Escamilla, 1990, p.17)
Con esto, el dictador dejó que las escuelas privadas dictarán su propio currículo, así como estableció cuatro principios de la reforma de 1939: uno, visión completa del universo para que el individuo escoja el lugar que le corresponde; dos, conocimientos para la subsistencia; tres, expresión libre; y cuatro, pensamiento exacto para conquistar la independencia intelectual. Por tanto, se establecieron los primeros seis grados de la Educación Básica, así como los contenidos, los objetivos y las asignaturas a desarrollarse. En esta propuesta de diseño, Hernández Martínez quiso “ofrecer a la patria un tipo de humano mejor, más apto para servir y mejor dispuesto a cooperar con el progreso nacional” (MINEDUCYT, 1968, p.29), sin embargo, la práctica de la política fue excluyente.
A pesar de los diversos gobiernos militares, tras la caída de Hernández Martínez, en 1948 se dio un impulso al sistema educativo al invertirse en infraestructura, nuevas escuelas experimentales y la fundación de la Escuela Normal Superior, así como diversos programas de alfabetización para adultos, según señala Chávez (2000 p.30). A pesar de ello, el poder económico impidió el acceso a la educación de otros sectores de El Salvador.
En 1968 se configuró una nueva reforma: el desarrollismo de Walter Béneke. Según relata Ossenbach (2001, p.48), la educación tuvo dos áreas de influencia: uno, la formal, que impulsó la Educación Básica y la Media; y dos, la popular, dirigida al campesinado y poblaciones marginales. Con estas dos influencias se buscó transformar a la sociedad salvadoreña a nivel social y económico.
De acuerdo con Escamilla (1990), “si para promover la transformación social y económica del país, esto significa que hay que alcanzar el ‘desarrollo’ de la educación con los recursos adecuados, entonces debe el sistema organizarse como una empresa productora” (p.129).
Es decir, la industria emergente del desarrollismo necesita con urgencia nuevos perfiles de mandos medios que salieran del sistema educativo, por eso los cambios en la educación básica fue alargarlo tres años más (primer a noveno grado); y diversificar el bachillerato en opciones técnicas para satisfacer la demanda de la empresa privada, descartando los problemas de contexto sociocultural.
Con los cambios gestados por Béneke, la educación superior también se vio influenciada en las modificaciones de legislación en materia educativa. La Universidad de El Salvador (UES), por sus ideologías de izquierda e incompatibles con la forma de gobierno, fue cerrada dos veces. Lo que provocó que en los setenta nacieran las primeras universidades privadas. A pesar de estos acontecimientos, hay que hacer énfasis en otro asunto de la reforma, el desarrollo de la docencia, en donde se pone en práctica lo que dicta la política educativa. Mélida Amaya, dice que “los métodos didácticos tienen un acento demasiado expositivo que conducen al alumno a una actitud pasiva… esto tiende a frenar el desarrollo de la reforma” (1969, 9.71).
Los ochenta marcaron la historia del desarrollo curricular. El modelo desarrollista de Béneke fue cortado de raíz y el sistema educativo tomó el enfoque de la desconcentración administrativa. Con esto se dio paso a la burocracia y a la duplicidad de funciones dentro del Ministerio de Educación (Aguilar, 1995, p.53). Por tanto, las reformas neoliberales como el Plan Nacional de Desarrollo. Cultura y Educativo integró tres estrategias: integración, coherencia y dinamicidad (MINEDUCYT, 1983, p. 9).
Aún con estos pilares, la educación pública y privada fue regular, debido a los constantes ataques a la población por parte de dos bandos enemigos: el ejército y la guerrilla. Y en sitios controlados por la exguerilla, que se aglutina ahora en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se crearon sistemas educativos paralelos para “preparar niños que comprendan las causas que han llevado a la sociedad a la guerra, generando una actitud crítica de la realidad y una opción por el individuo por transformarla de acuerdo a sus intereses y aspiraciones de clase” (Pérez Miguel, 1994, p.79).
Esta situación conlleva a establecer un modelo educativo conductista y bancario en El Salvador, así como en el resto de países de la América Central (Cagan y Cagan, 1993, p.65). Sin embargo, finaliza la guerra y en 1994 se gesta una nueva reforma educativa. En los noventa, con el Plan Decenal de la Reforma Educativa en Marcha, el Ministerio de Educación (Mined, ahora llamado Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, MINEDUYCT), enfrentó los siguientes desafíos: uno, ampliar la cobertura: dos, reorientar el currículo a la mejora de la calidad de vida; tres, propiciar la modernización del sector educativo; y cuatro, la formación de valores humanos, éticos y cívicos (MINED, 2008).
Para Educación Superior, el marco previo a la reforma estaba constituida por las disposiciones de la Ley General de Educación (1990), la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador (1972) y la Ley de Universidades Privadas (1965) (Rodríguez, 2004). Lo anterior forja el actual sistema educativo salvadoreño: la educación formal y la no formal. La primera corriente está estructurada por los niveles de educación inicial, educación básica (primer, segundo y tercer ciclo), media (bachilleres generales o técnicos especializados) y superior (licenciaturas, tecnólogos, técnicos, maestros, ingenieros, doctores, entre otros). Según señala Rodríguez (2004), la Educación superior se subdivide en dos: la universitaria y la tecnológica.
En la revisión de la legislación salvadoreña en materia educativa, el artículo 36 de la Ley General de Educación Superior (Decreto Legislativo No 468 de 1995), el nivel superior de El Salvador tiene los siguientes fines: uno, formar profesionales competentes con fuerte vocación de servicios sólidos y principios morales; segundo, promover la investigación en todas sus formas; tercero, prestar un servicio social; y cuarto, cooperar en el enriquecimiento, conservación y difusión del legado cultural que el hombre ha producido en su dimensión nacional y universal.
Para acceder a la Educación Superior, El Salvador estableció en su legislación como exigencia la titulación de bachiller y que su labor educativa superior fuese pensada, diseñada y ejecutada en función de las necesidades del país y los intereses vocacionales de los estudiantes. A la vez, el mismo marco jurídico permite a las IES dar titulaciones en áreas profesionales, científicas y tecnológicas, cuyas especializaciones se conceden gracias al perfil del egresado que se especifican en los planes de estudio legalmente aprobados. La pregunta que debemos hacernos es: ¿Cuáles deberán ser las bases de la educación del siglo XXI en El Salvador para asumir la cuarta revolución industrial?