Por: Edwin Alexander Cortez Segura
Los puntos que encienden las alarmas en medio ambiente y salud
La reactivación de la minería metálica ha generado temor entre ambientalistas y comunidades locales. De acuerdo con un blog publicado por el periódico El País, titulado «Vivir y morir por el oro», la contaminación del río San Sebastián, en La Unión, evidencia los riesgos asociados al uso de mercurio en los procesos de extracción de oro. Estos métodos no son beneficiosos, ya que apenas 5 gramos de oro de 45 quilates con partículas de mercurio requieren el procesamiento de toneladas de tierra, además del uso de grandes cantidades de agua y químicos nocivos para la salud. Este antecedente evidencia el nivel de riesgo que corren tanto las personas como el medio ambiente.
Según una publicación en redes sociales hecha por el periódico, El Salvador.com, la Dra. Sosa, experta en medio ambiente, recomienda sellar las minas con arcilla al finalizar su vida útil para contener metales pesados. Además, sugiere la fitorremediación, lo cual aprovecha la capacidad de ciertas plantas para absorber o estabilizar contaminantes presentes en el suelo utilizando árboles para restaurar el suelo, aunque enfatiza la necesidad de una supervisión constante.
Implicaciones legales y sociales
La nueva ley ha sido objeto de críticas por posibles violaciones a normativas ambientales y de salud. Organizaciones como la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, fue la coalición que impulsó la prohibición histórica de la minería metálica en 2017 y sigue siendo un referente en la lucha contra la reactivación, colectivos como Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), y portal web, como mondabay, señalan que la explotación minera podría afectar a alrededor de 4 millones de personas en las zonas involucradas.
Además, un informe del Business & Human Rights Resource Center detalla la detención arbitraria de defensores del agua y la vincula con la lucha contra la minería. Por otra parte, un reportaje de la Voz de América denuncia la detención de cinco líderes ambientalistas, quienes estuvieron encarcelados durante 21 meses en un proceso judicial interpretado por muchos como un intento de reprimir el activismo antiminería. Estos hechos han generado preocupación sobre la criminalización de la protesta y la defensa del medio ambiente.
Perspectivas futuras
Mientras el gobierno promueve la minería como una oportunidad económica, sectores de la sociedad salvadoreña temen que los costos ambientales y sociales superen los beneficios. La experiencia histórica y las advertencias de expertos, como Pedro Cabezas, coordinador de la Alianza Centroamericana Contra la Minería, y Mary Lawlor, relatora especial de la ONU, insisten en la necesidad de contar con una regulación robusta. Sin ella, la reactivación de la minería podría acarrear graves impactos ecológicos y sociales, y la judicialización de la protesta, junto con la represión contra los activistas, podría sentar precedentes peligrosos para los derechos humanos y la protección ambiental.
Referencias
https://www.reuters.com/latam/negocio/SIAMSECIGJPBDE4V3XSEIRXIHU-2024-12-23/?utm_source=chatgpt.com
https://www.theguardian.com/world/2024/oct/09/el-salvador-trial-environmental-activists-mining