La joven sufrió, a los 12 años, abuso sexual por parte de su padrastro, que la dejó embarazada. Metzi Rosales Martel, académica, periodista y comunicadora institucional, destaca la violencia de género que ejerció la Fiscalía sobre Imelda Cortez.
Por Metzi Rosales Martel
A Imelda Cortez la hicieron confesar un delito que nunca cometió. Sus palabras no eran suyas. La confesión tampoco era “su confesión”. Ni fue lo que ocurrió aquel 17 de abril del 2017 cuando experimentó un parto extrahospitalario y se desmayó a raíz de un fuerte sangrado vaginal. La mentira que la obligaron a decir provenía de un relato ficcionado por la Fiscalía General de la República. Una mentira, aceptada por la defensa para que, en un proceso abreviado y con cambio de delito, Imelda recuperara su libertad a 20 meses de que, sin pruebas científicas ni testimoniales, la acusaran de tres delitos que jamás cometió.
Imelda tuvo que repetir el guion exacto de lo que le pidieron. Ella no entendió las explicaciones del juez, de acuerdo a lo que me contó. No entendía lo que estaba ocurriendo en la sala de audiencias del Juzgado de Sentencia de Usulután el 17 de diciembre. Estaba nerviosa, pálida y acongojada. Lo único claro era que para recuperar su libertad, debía decir que ella abandonó y desamparó a la niña, luego de experimentar el parto extrahospitalario. La afirmación nos sorprendió a todos, más al juez de sentencia Hugo Noé García, quien le repitió en tres ocasiones la presunción de inocencia y casi la convidó a no aceptar el proceso abreviado.
Sí, eso sucedió durante la vista pública en la que, finalmente, el juez de sentencia reconoció la inocencia de la joven, de 20 años. No sólo la reconoció, aclaró que su fallo no hubiese variado si la Fiscalía hubiera insistido en acusarla de homicidio agravado en grado de tentativa. Horas antes, la Fiscalía cambió su acusación por el delito de desamparo y abandono. Pidió un proceso abreviado y que la joven solo fuera condenada a un año. En caso de ser condenada, recuperaría automáticamente su libertad dado que ya sumaba 20 meses privada de libertad. Para ello, Imelda debía de aceptar que cometió un delito. Esa era la única vía para que ella recuperara su libertad. Así, la Fiscalía violentó una vez más a Imelda.
Imelda fue acusada de cuanto delito se le ocurrió a la Fiscalía General de la República. Primero de aborto agravado, luego de homicidio agravado en grado de tentativa; y, finalmente, de abandono y desamparo en perjuicio de su hija. Una niña, quien de acuerdo con su historial clínico, nació de término y en perfectas condiciones de salud. Todo consta en el expediente del proceso judicial en el caso de Imelda. La Fiscalía no contaba con pruebas científicas ni testimoniales para ninguno de estos tres delitos. No había evidencia científica que sustentara su acusación: el trastorno de negación del embarazo sí existe, así como la ruptura espontánea de los cordones umbilicales durante los partos. No había forma de comprobar que Imelda ocultó el embarazo, fue negligente al no tener un control prenatal; y, además, con dolo, premeditación y alevosía cortó el cordón umbilical y lanzó a la niña a la fosa séptica. Nada en el expediente permite sostener ese otro relato ficcionado de la Fiscalía.
El caso contra Imelda estaba destinado a perderse. Quizás por ello, la Fiscalía, en un intento desesperado por ganar, le arrebató a Imelda lo único que podía: su inocencia a cambio de recuperar su libertad. Imelda siempre contó su historia: tuvo un parto extrahospitalario. No creyó estar embarazada porque su padrastro le dijo que era imposible. Él “no pegaba hijos”; y, además, la amenazó durante siete años, los siete años que duraron la violencia sexual agravada continuada, producto de la cual resultó embarazada. Imelda experimentó lo que se conoce en la literatura médica como trastorno de negación del embarazo. Una circunstancia que el juez García tomó en cuenta en sus valoraciones para declararla inocente.
El cambio de calificación del delito se basó en la nueva Política de Persecución Penal en materia de violencia contra las Mujeres, hecha pública por el exfiscal general, Douglas Meléndez, el 20 de noviembre. Sin embargo, durante casi dos años, esa política no fue aplicada al caso de Imelda.
La Fiscalía tuvo 20 meses para investigar y documentar la acusación, pero no lo hizo. Se limitó a realizar una entrevista a un perito del Instituto de Medicina Legal, quien no citó un solo texto médico para acreditar sus respuestas. Y se limitó a recrear, a través de prejuicios propios y de testigos que no estuvieron con Imelda cuando tuvo el parto extrahospitalario, una historia que solo ocurrió en sus mentes. Así fue como acabaron con la presunción de inocencia de Imelda e inició una persecución en contra.
A Imelda, la Fiscalía no solo le violentó su derecho a la presunción de inocencia. Tampoco quiso creerle que su embarazo fue producto de violencia sexual; y, en un inicio, tampoco quiso realizar la prueba de ADN que permitió demostrar que Pablo Dolores Henríquez, su padrastro, es el padre de la niña. La Fiscalía se tardó un año en perseguir este delito. Solo faltó que procesaran a Imelda también por falso testimonio. Esa es la política de género de esta institución que durante 2018 se caracterizó por realizar juicios abreviados en casos de corrupción de exfuncionarios del Órgano Ejecutivo, en los que se evidencia que la justicia se aplica de manera diferente en hombres y mujeres, máxime para quienes viven en condiciones de pobreza.
Casos como el de Imelda deberían de hacernos cuestionar cuánto dinero desperdició el Estado en acusar y perseguir tres delitos que Imelda jamás cometió. ¿Y cuánto se endeudan las y los familiares de las víctimas del Estado al ser acusadas y procesadas por delitos que no cometieron? La deuda moral y monetaria del Estado para estas personas sigue sumando. Tal parece, que además, la Fiscalía y su equipo no han entendido en qué consiste una política que impida criminalizar, victimizar y revictimizar a las mujeres. No hay que olvidar la frase célebre del exfiscal general, Douglas Martínez, cuando se refirió a Michelle Guzmán como un bien público, debido a las cirugías estéticas que según él se realizó con fondos del Estado. Ese es lenguaje misógino y es un delito de acuerdo con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
La Fiscalía cometió violencia de género al acusar a Imelda sin pruebas. Y violentó sus derechos humanos. A los delitos cometidos por la FGR suma, como punto final, obligar a Imelda a confesar un delito que no cometió. El Ministerio Público le debe una disculpa pública a Imelda. Y no solo a Imelda, a todos los hombres y mujeres, a quienes la Fiscalía General de la República ha perseguido por delitos que nunca cometieron. En el proceso contra el padrastro de la joven, la FGR tiene el reto de conseguir la condena máxima por el delito de violación sexual agravada y continuada. El caso de Pablo Dolores Henríquez ya está en la fase de sentencia, aunque no hay una fecha programada para esta.